El presidente Abelardo de la Espriella llegó a la posesión del nuevo contralor general, Jorge Laverde, con la lupa en una mano y el inventario de sospechas en la otra. Su pedido fue directo: crear en la Contraloría un grupo élite dedicado exclusivamente a investigar los presuntos hechos de corrupción que se habrían presentado durante el Gobierno de Gustavo Petro.
Y el presidente no se anduvo con rodeos. Calificó el cuatrienio anterior como un “cuatrienio de piratas y ladrones”, al cuestionar el destino de recursos públicos que, según afirmó, estaban destinados a atender las necesidades de los colombianos y que presuntamente terminaron en manos de funcionarios o particulares vinculados a la anterior administración.
La solicitud pone a la Contraloría ante una tarea de alto voltaje: revisar contratos, convenios, recursos públicos y decisiones administrativas para determinar qué pasó realmente con la plata de los colombianos. Porque una cosa es el discurso político y otra, bastante diferente, lo que puedan demostrar los documentos, las auditorías y los tribunales.
De la Espriella ya había llevado a la Fiscalía un compendio con más de 80 casos de presunta corrupción relacionados con el Gobierno Petro. Ahora quiere que la Contraloría meta el acelerador y arme un equipo especializado para seguirle la pista al dinero.
El mensaje al nuevo contralor fue claro: que las cuentas cuadren, que los contratos hablen y que, si hubo responsables, la justicia determine quién metió la mano donde no debía.
El reto será mayúsculo. Porque cuando se habla de billones de pesos públicos, la lupa no puede ser decorativa ni la auditoría convertirse en otro trámite de escritorio. La ciudadanía espera resultados y, sobre todo, respuestas.
En esta nueva etapa, parece que el Gobierno anterior tendrá que aprender una vieja regla de contabilidad política: cuando se acaba la fiesta, siempre llega alguien a pasar la cuenta.
