Cali enfrenta una de las mayores crisis de movilidad de los últimos años. El progresivo retiro de vehículos del transporte público colectivo está reduciendo la capacidad para atender la demanda diaria de más de un millón de usuarios, mientras que el sistema de transporte masivo continúa sin contar con la capacidad operativa y técnica suficiente para absorber la totalidad de los pasajeros.
Empresas de transporte tradicional han venido disminuyendo su parque automotor debido al envejecimiento de los vehículos, los altos costos de operación, la falta de incentivos para su renovación y las dificultades económicas que atraviesa el sector. Como consecuencia, cada vez son menos los buses disponibles para prestar el servicio en numerosos corredores de la ciudad.
La reducción de la flota ha provocado mayores tiempos de espera, congestión en las horas pico y dificultades para que miles de caleños puedan desplazarse hacia sus lugares de trabajo, estudio y atención médica.
Aunque el Sistema Integrado de Transporte Masivo (MIO) fue concebido para convertirse en el eje principal de la movilidad urbana, diversos sectores consideran que aún enfrenta limitaciones en cobertura, frecuencia, disponibilidad de buses y capacidad operativa para responder al crecimiento de la demanda.
Ante este panorama, el transporte informal continúa ganando terreno. Motocicletas, vehículos particulares y otros servicios no autorizados se han convertido en la alternativa para miles de ciudadanos que no encuentran una oferta suficiente de transporte público. Sin embargo, esta situación incrementa los riesgos para la seguridad vial, dificulta el control por parte de las autoridades y afecta la sostenibilidad del sistema formal de transporte.
Expertos en movilidad advierten que la ciudad requiere medidas urgentes para evitar un mayor deterioro del servicio. Entre las principales recomendaciones se encuentran la renovación de la flota del transporte colectivo, el fortalecimiento operativo del MIO, la integración efectiva entre los diferentes modos de transporte y la implementación de políticas que garanticen un servicio eficiente, seguro y financieramente sostenible.
Mientras tanto, miles de usuarios continúan enfrentando diariamente largas esperas, rutas insuficientes y un sistema de transporte que, lejos de responder a las necesidades de una ciudad de más de dos millones de habitantes, evidencia una crisis estructural que exige decisiones inmediatas por parte de las autoridades locales y nacionales.
