La Corte Suprema de Justicia habría abierto una investigación preliminar contra congresistas de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, en medio de la controversia por el trámite dado a varios expedientes relacionados con el expresidente Álvaro Uribe Vélez por un presunto delito de prevaricato por acción
La disputa se originó después de que la Comisión solicitara a la Fiscalía General de la Nación el traslado de un expediente relacionado con hechos ocurridos en Antioquia, entre ellos las masacres de El Aro y La Granja, el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y una investigación sobre la presunta conformación de estructuras paramilitares.
El 19 de agosto de 2026, la Comisión aprobó por unanimidad plantear un conflicto de competencia para que fuera esa corporación la que asumiera el proceso. Posteriormente, la Fiscalía sostuvo que mantiene la competencia y el caso fue llevado ante la Corte Constitucional, que deberá determinar qué autoridad debe continuar con la investigación.
Entre los congresistas que respaldaron la solicitud estuvieron representantes del Pacto Histórico, como Alejandro Toro, Heráclito Landínez, María del Mar Pizarro, Gabriel Becerra y Jorge Hernán Bastidas, además de Carlos Cuenca, de Cambio Radical, presidente de la Comisión.
La controversia jurídica se concentra en determinar si algunos de los hechos investigados pueden quedar bajo la competencia de la Comisión de Acusación debido a que una de las hipótesis señala que una conducta habría tenido continuidad hasta 2003, cuando Uribe ya ejercía como presidente. La Fiscalía, en cambio, sostiene que los hechos centrales corresponden a su etapa como gobernador de Antioquia.
Tendencia Política
La Comisión remitió 2.322 folios a la Corte Constitucional, que deberá resolver exclusivamente el conflicto de competencia. Esa decisión no determinará la responsabilidad penal del expresidente.
Asuntos Legales
La eventual investigación de los congresistas agrega un nuevo frente judicial a una disputa que ahora enfrenta a dos instituciones por definir quién tiene la competencia para continuar con el caso Uribe.
