El caso de Deicy Alejandra Jiménez Ramírez pone bajo la lupa la contratación estatal durante el gobierno de Gustavo Petro. Sus declaraciones sobre una presunta red de mujeres vinculadas a entidades públicas a cambio de favores personales desataron una tormenta política que exige algo más que comunicados: explicaciones y pruebas.
Según su testimonio, entre 30 y 40 jóvenes habrían sido vinculadas bajo esquemas similares. Una acusación explosiva que, de comprobarse, convertiría la contratación pública en un asunto bastante más turbio que el simple papeleo burocrático. Por ahora, las afirmaciones deben ser investigadas y no constituyen hechos judicialmente probados.
¿Meritocracia o una supuesta bolsa de favores? Esa es la pregunta que tendrán que responder las autoridades. Los documentos contractuales muestran que Jiménez suscribió contratos mediante contratación directa con el Senado, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior, para labores de archivo, digitación y apoyo logístico.
En el Senado aparecen dos contratos: uno de marzo de 2023 por $7 millones y otro, registrado en septiembre del mismo año, por $34 millones, con vigencia hasta julio de 2024. Este último estuvo relacionado con labores de apoyo a la Primera Vicepresidencia del Senado, entonces a cargo de María José Pizarro.
La contratación directa no constituye por sí misma una irregularidad. Sin embargo, ante las denuncias, corresponde establecer si los procesos cumplieron los requisitos legales, si los servicios se prestaron efectivamente y si existieron conflictos de interés o beneficios indebidos.
El escándalo también escaló al terreno de la seguridad. El Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció una ruta de protección para Jiménez ante posibles amenazas o represalias, mientras sus declaraciones se convierten en materia de interés institucional.
En política, los contratos suelen venir acompañados de obligaciones, informes y firmas. Pero cuando aparecen denuncias sobre supuestos favores personales, la pregunta deja de ser quién archivó los documentos y pasa a ser quién debe rendir cuentas.
Porque si la contratación pública terminó convertida en una presunta moneda de favores, el problema no sería solamente quién recibió el contrato, sino quién lo autorizó, quién lo supervisó y quién permitió que ocurriera.
