El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el traslado de 4 billones de pesos que el Gobierno del presidente Gustavo Petro había ordenado hacia la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), recursos que serían destinados a atender las emergencias derivadas del fenómeno de El Niño.
La decisión del alto tribunal se mantendrá mientras estudia de fondo la legalidad de dos disposiciones contenidas en el decreto mediante el cual el Gobierno declaró la situación de desastre nacional.
Según el Consejo de Estado, existen dudas sobre la legalidad del traslado presupuestal, al considerar que la medida podría haber invadido competencias que la Constitución asigna al Congreso de la República en materia de modificación y destinación de los recursos públicos.
El Gobierno había argumentado que la reasignación de los recursos era necesaria para responder con mayor rapidez a los impactos ocasionados por el fenómeno climático, que afectó diferentes regiones del país con sequías, altas temperaturas y riesgo de desabastecimiento de agua.
Con esta decisión, el traslado de los recursos queda congelado de manera temporal hasta que el Consejo de Estado adopte un fallo definitivo sobre la validez de los apartes demandados del decreto.
El pronunciamiento representa un nuevo revés jurídico para el Ejecutivo en el manejo de las facultades extraordinarias derivadas de la declaratoria de desastre nacional y reabre el debate sobre los límites constitucionales para modificar el presupuesto sin la intervención del Congreso.
