El Consejo de Estado suspendió de manera provisional los efectos del Decreto 0030 de 2026, expedido por el Gobierno Nacional, con el que se eliminaba la prima especial de servicios de los congresistas.
La decisión, adoptada como medida cautelar mientras se estudia de fondo la legalidad del decreto, impide que entre en vigencia la reducción de aproximadamente 18 millones de pesos mensuales en los ingresos de senadores y representantes a la Cámara.
Con esta determinación, los congresistas conservarán, por ahora, la totalidad de su remuneración, justo cuando el próximo 20 de julio se instala una nueva legislatura del Congreso de la República.
El alto tribunal consideró necesario suspender temporalmente la aplicación del decreto mientras avanza el proceso judicial, evitando que sus efectos se consoliden antes de que exista un fallo definitivo sobre su validez.
La decisión reabre el debate sobre los privilegios salariales de los congresistas y la capacidad del Gobierno para modificar, mediante decreto, componentes de la remuneración de los miembros del Legislativo. El proceso continuará en el Consejo de Estado, que será el encargado de determinar si el Decreto 0030 de 2026 se ajusta o no al ordenamiento jurídico colombiano.
