La política colombiana vuelve a demostrar que la coherencia es un recurso escaso y, al parecer, no siempre viaja en el mismo vuelo.
Mientras dirigentes del Pacto Histórico mantienen bajo la lupa el proceso de contratación del alumbrado público de Cali, exigiendo transparencia y lanzando toda clase de cuestionamientos, desde el Gobierno nacional se cocina otra licitación que también ha quedado bajo el reflector: la contratación del servicio de vigilancia para los aeropuertos del país por parte de la Aeronáutica Civil.
Y aquí aparece el curioso doble sentido de la política: para unos contratos se encienden todas las luces; para otros, convenientemente, parece haber un apagón.
La Federación Colombiana de Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada (FedeSeguridad) encendió las alarmas al advertir que el proceso adelantado por la Aerocivil afectaría la libre competencia y podría vulnerar principios fundamentales de la contratación estatal. Es decir, mientras unos denuncian supuestas sombras en Cali, otros enfrentan nubarrones en una entidad del Gobierno nacional.
Como dice el refrán, el que reparte moral debería empezar por revisar su propio inventario.
La discusión, por supuesto, no debe centrarse en quién presenta la licitación, sino en si los procesos cumplen con los principios de transparencia, pluralidad de oferentes y selección objetiva. Si esos principios son válidos para cuestionar un contrato municipal, también deberían ser innegociables cuando se trata de una entidad nacional.
Porque la transparencia no debería tener domicilio político. No puede ser un reflector que ilumina únicamente la casa del vecino mientras las bombillas de la propia permanecen fundidas.
En política parece existir un nuevo reglamento: cuando la contratación está en la oposición, se llama escándalo; cuando ocurre en casa, se convierte en un simple «procedimiento administrativo». Una elasticidad ética digna de estudio.
Al final, los ciudadanos siguen esperando que la vigilancia no sea solo para los aeropuertos, sino también para quienes administran los recursos públicos. Porque las licitaciones deberían despegar con reglas claras y aterrizar sin sospechas, sin importar el color del gobierno de turno.
La transparencia, como las pistas de un aeropuerto, debe estar iluminada para todos. De lo contrario, el riesgo no es solo de un mal aterrizaje, sino de que la confianza pública termine estrellándose.
