El Gobierno nacional proyecta la construcción de 10 nuevos centros penitenciarios en diferentes regiones del país, que estarían ubicados “en las afueras de las ciudades”, como parte de una estrategia para enfrentar el hacinamiento y fortalecer la política de seguridad.
La decisión fue divulgada por el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, quien señaló que la bancada respaldó el avance del proyecto anunciado por el ministro de Justicia, Iván Cancino.
La propuesta contempla 10 megacárceles destinadas principalmente a personas responsables de delitos contra la población, con especial énfasis en quienes estén vinculados con la producción, venta y comercialización de drogas.
El objetivo también es atacar uno de los principales dolores de cabeza del sistema penitenciario colombiano: el hacinamiento, que supera el 27 %, situación que mantiene a numerosas cárceles operando por encima de su capacidad.
De las guarniciones a La Picota
l anuncio coincidió con el operativo realizado este miércoles 9 de septiembre para trasladar varios internos desde el Centro de Servicios Penitenciarios de la Policía, Cespo, hacia la cárcel La Picota.
Entre los trasladados se encuentran el exrepresentante a la Cámara Andrés Calle, el exalcalde de Villa de Leyva Víctor Gamboa, el abogado Álex Vernot y el exdirector del DAS Emiro Rojas.
La medida busca poner fin a las condiciones especiales que, según las autoridades, tenían algunos de estos internos mientras permanecían en la guarnición policial.
La fórmula: más cárceles y menos privilegios
La administración de Abelardo de la Espriella apuesta así por una política penitenciaria que combina la construcción de nueva infraestructura con mayores controles sobre quienes cumplen penas o permanecen privados de la libertad.
La idea es sencilla, aunque costosa: más cupos, cárceles más grandes y establecimientos alejados de los centros urbanos.
Pero la pregunta inevitable será si construir diez megacárceles resolverá por sí solo la crisis penitenciaria. Porque si el sistema continúa recibiendo presos a un ritmo mayor que el de sus nuevos cupos, el país podría terminar inaugurando cárceles nuevas para llenar el mismo problema viejo.
Colombia busca entonces una solución de concreto para una crisis que, además de cemento, necesita justicia eficiente, prevención del delito, resocialización y una lucha frontal contra las estructuras criminales.
