La política colombiana parece haber decidido competir con las plataformas de «streaming». Cada día estrena un capítulo nuevo y, cuando el público cree haber visto el mayor giro de la temporada, aparece otro que deja al anterior como un simple ensayo.
El presidente electo, Abelardo de la Espriella, encendió las alarmas al advertir que el país estaría al borde de un golpe de Estado, luego de que el presidente Gustavo Petro publicara un mensaje en el que aseguró que, según su interpretación, el verdadero presidente electo sería Iván Cepeda y habló de un supuesto fraude electoral «por vía algorítmica» y con financiación extranjera.
La escena tiene algo de realismo mágico y algo de comedia política. En Colombia ya no basta con que hablen las urnas; ahora también parecen tener voz los algoritmos, las redes sociales y las interpretaciones personales. El problema es que la Constitución todavía no reconoce a Twitter como autoridad electoral ni a los trinos como sentencias definitivas.
En cualquier democracia, las diferencias políticas son normales. Lo que deja de ser normal es cuando las instituciones parecen convertirse en actores secundarios y el libreto pretende escribirse desde el escenario, no desde las reglas del juego. Porque una cosa es cuestionar un proceso y otra muy distinta es reemplazar los mecanismos legales por declaraciones que aumentan la incertidumbre.
El país ya ha conocido demasiados capítulos de polarización como para seguir jugando con fósforos en una bodega llena de gasolina. Cada palabra pronunciada desde el poder tiene un peso que trasciende la coyuntura y puede alimentar la desconfianza ciudadana.
La ironía es que mientras unos hablan de fraude, otros hablan de golpe y el ciudadano de a pie solo quisiera hablar de empleo, seguridad y costo de vida. La política parece empeñada en discutir quién sostiene el timón mientras el barco navega entre tormentas.
En democracia, los gobiernos pasan, los presidentes cambian y las mayorías se alternan. Lo que no debería cambiar es el respeto por las instituciones y por las reglas que garantizan que el poder se obtenga y se ejerza conforme a la ley. Si cada derrota se convierte en conspiración y cada victoria en una batalla interminable, el país corre el riesgo de vivir en campaña permanente y gobernarse cada vez menos.
Porque, al final, Colombia no necesita más héroes de micrófono ni más profetas del apocalipsis. Necesita dirigentes que, antes de incendiar la plaza pública con sus discursos, recuerden que las democracias no suelen derrumbarse de un solo golpe: se desgastan poco a poco cuando la confianza en las instituciones se convierte en la primera víctima del enfrentamiento político.
