Muchos celebraron el paso de la Cámara de Representantes al Senado como si hubieran ascendido de categoría. Hubo abrazos, discursos, caravanas y hasta promesas de una nueva era legislativa. Pero la fiesta podría terminar con la música de la Corte Constitucional y el sonido seco de una puerta cerrándose.
Una interpretación reforzada por la sentencia C-080 de 2026 dejó un mensaje que no admite mucha gimnasia jurídica: el período de un cargo de elección popular es institucional, no pertenece al congresista como si fuera un contrato de arriendo que puede terminar cuando le convenga. En otras palabras, renunciar al cargo no borra el tiempo del calendario ni desaparece la coincidencia de períodos.
El artículo 179 de la Constitución es igual de claro: nadie puede ser elegido para más de una corporación pública cuando los períodos coincidan, así sea parcialmente. Y allí estaría el talón de Aquiles de varios congresistas que este año dieron el salto de la Cámara al Senado.
Traducido al lenguaje cotidiano: no basta con bajarse de un bus para decir que nunca se compró el tiquete. El período sigue su curso y la Constitución no funciona con borrador.
Lo más llamativo es que muchos actuaron convencidos de que una carta de renuncia era suficiente para esquivar la inhabilidad. Ahora podrían descubrir que la Constitución no acepta trucos de ilusionismo: cambiar de camiseta no cambia el reloj constitucional.
Si las demandas prosperan y las autoridades competentes aplican el precedente fijado por la Corte, varios senadores electos podrían enfrentar la pérdida de su investidura o de su curul e incluso quedar inhabilitados, dependiendo de las decisiones judiciales que se adopten.
Al final, la verdadera pregunta no es quién ganó una elección, sino quién leyó completa la Constitución. Porque en política, como en el ajedrez, hay quienes celebran el movimiento… sin darse cuenta de que el siguiente es jaque mate.
