Hay un viejo dicho que asegura que cuando empiezan a abrirse los cajones, más de uno comienza a buscar la puerta de atrás. Y todo parece indicar que, antes de que Abelardo de la Espriella pronuncie el tradicional «sí, juro» el próximo 7 de agosto, el ambiente político podría convertirse en un verdadero festival de nervios.
El senador Enrique Gómez anunció la radicación de 167 derechos de petición dirigidos a entidades del Gobierno Nacional como parte del proceso de empalme. Y cuando llegan tantas solicitudes de información al mismo tiempo, no faltan quienes empiezan a revisar archivadores, discos duros y hasta los chats que juraban haber borrado.
En política, los procesos de empalme son como esas visitas inesperadas de la suegra: si todo está en orden, no hay problema; pero si debajo de la alfombra se fue acumulando demasiado polvo, cualquiera entra en modo pánico.
No sería extraño que, antes de la posesión presidencial, comiencen a aparecer documentos, contratos, decisiones administrativas y uno que otro «milagro contable» que hasta ayer dormían plácidamente en algún escritorio. Porque el papel aguanta todo… hasta que alguien decide leerlo.
Por ahora, hablar de un gran escándalo sería anticiparse a los hechos. Lo cierto es que 167 derechos de petición prometen poner a trabajar a más de una oficina pública y, de paso, acelerar el consumo de café, antiácidos y explicaciones de última hora.
Como dice el refrán, «el que nada debe, nada teme». Pero en la política colombiana ese refrán suele tener una versión actualizada: el que nada debe… igual llama al abogado, revisa el celular y pregunta discretamente si todavía queda algún escondedero disponible
