La Defensoría del Pueblo advierte riesgo extremo por la presencia de grupos armados ilegales, homicidios selectivos, desapariciones forzadas y amenazas de reclutamiento de menores en el sur del Valle del Cauca.
La seguridad en Jamundí vuelve a encender las alarmas. La Defensoría del Pueblo emitió una nueva alerta temprana en la que advierte sobre el riesgo extremo de vulneraciones a los derechos humanos por la presencia y actuación de grupos armados ilegales que disputan el control territorial y utilizan esta zona estratégica para sus actividades criminales.
Según el documento, entre los grupos señalados se encuentra el Frente Jaime Martínez, adscrito al Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas de las disidencias de las Farc. Además, la entidad advierte sobre las pretensiones de ingreso del Frente 57 Yair Bermúdez y del ELN, una situación que podría agravar las condiciones de seguridad para la población civil.
La alerta identifica un preocupante panorama de violencia, marcado por desapariciones forzadas, homicidios selectivos y enfrentamientos armados en los que los habitantes quedan expuestos a los riesgos del conflicto.
Jamundí, corredor estratégico para las economías ilegales
La ubicación geográfica del municipio lo convierte en un punto estratégico para la movilidad de estructuras armadas hacia el litoral Pacífico y el norte del Cauca. Su conexión con la región del Naya también lo posiciona como un corredor relevante para las economías ilegales.
Sin embargo, detrás de esa importancia territorial está el peligro para las comunidades, que enfrentan amenazas a su seguridad, restricciones y la posibilidad de quedar atrapadas en medio de las confrontaciones entre organizaciones armadas.
Reclutamiento de menores: otra alarma encendida
Uno de los puntos más delicados de la advertencia es el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en el corredor Jamundí-Buenos Aires-Suárez.
De acuerdo con la Defensoría, Jamundí sería utilizado como punto de tránsito, reclutamiento y redistribución de menores, con conexiones hacia centros de entrenamiento en la región del Naya.
La advertencia pone sobre la mesa un desafío urgente para las autoridades: proteger a la población civil, impedir que los menores sean captados por grupos armados y adoptar medidas efectivas para contener la expansión de estas estructuras.
La pregunta de fondo es si las instituciones lograrán anticiparse a la escalada de violencia o si las comunidades de Jamundí seguirán expuestas a un conflicto que amenaza su seguridad y el futuro de sus jóvenes.
