En Colombia, la lucha contra la minería ilegal parece tener una consigna que levanta polvo, humo y preguntas: máquina amarilla incautada, máquina que termina destruida o convertida en chatarra, mientras en buena parte de los municipios rurales las carreteras siguen convertidas en trochas, los derrumbes bloquean caminos y las emergencias esperan una retroexcavadora que nunca llega.
Según las cifras planteadas en este debate, durante 2026 se han destruido o quemado más de 80 máquinas amarillas incautadas en operativos contra la minería ilegal. Una cifra que merece explicaciones, especialmente cuando numerosos municipios carecen de equipos para reparar vías terciarias, remover deslizamientos y atender calamidades.
Que quede claro: el Estado tiene la obligación de combatir la minería ilegal, proteger los ecosistemas y golpear las finanzas de las organizaciones criminales. Nadie está proponiendo convertir los instrumentos del delito en premios para sus responsables. Pero combatir la ilegalidad no significa que esté prohibido preguntarse si existe una alternativa que también beneficie a las comunidades.
La justificación oficial para destruir estos equipos se relaciona con su utilización en actividades ilícitas, las dificultades para establecer su propiedad legal y los costos logísticos de trasladarlos desde zonas remotas. Razones que deben examinarse caso por caso. Sin embargo, también cabe preguntar si todos los equipos incautados representan el mismo riesgo y si es posible recuperar algunos, cuando la ley lo permita, para destinarlos a obras públicas.
Porque el contraste resulta difícil de ignorar: mientras las mafias consiguen maquinaria para explotar ilegalmente los recursos naturales, los municipios vecinos no tienen cómo retirar un derrumbe, habilitar una carretera o responder a una emergencia. Unos ponen las máquinas a trabajar contra el medio ambiente; otros ni siquiera tienen con qué trabajar por su gente.
¿No sería razonable estudiar mecanismos legales para identificar los equipos, verificar su procedencia, extinguir el dominio cuando corresponda y evaluar su posible asignación a entidades públicas? Si la recuperación no es viable, que se explique. Y si es posible, que se calculen los costos de reparación, transporte, mantenimiento y operación frente al beneficio social esperado.
Por supuesto, no se trata de trasladar maquinaria sin control ni de poner en manos de cualquier administración equipos que podrían terminar abandonados, revendidos o utilizados indebidamente. Se necesitarían inventarios transparentes, controles patrimoniales, vigilancia y responsables de su mantenimiento.
La discusión no debería ser entre combatir la minería ilegal o construir carreteras. El reto es hacer ambas cosas con inteligencia, legalidad y sentido social.
Porque hay algo que no deja de llamar la atención: en un país donde tantas comunidades claman por maquinaria para abrir caminos, atender emergencias y conectar veredas, cada equipo destruido debería estar acompañado de una explicación clara sobre por qué no podía recuperarse para un uso legal.
Al final, la pregunta es sencilla: ¿estamos destruyendo únicamente la capacidad operativa de las mafias o también oportunidades que, bajo controles estrictos, podrían servirle al país?
Porque apagar una retroexcavadora ilegal puede ser necesario. Pero dejar a un municipio sin herramientas para salir del barro también tiene un costo. Y ese costo, como tantas veces, lo terminan pagando las comunidades.
