Un nuevo capítulo de tensión política se abrió en Colombia luego de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, difundiera un video en el que hizo un llamado a las Fuerzas Militares y de Policía para que no acaten eventuales órdenes que, a su juicio, sean contrarias a la Constitución y al orden democrático.
En su pronunciamiento, De la Espriella sostuvo que los integrantes de la Fuerza Pública tienen el deber de obedecer la Constitución por encima de cualquier instrucción que considere ilegal o inconstitucional. El mensaje se produce en medio del ambiente de confrontación política que ha marcado la transición de gobierno y de las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el proceso electoral.
La respuesta del jefe de Estado no tardó en llegar. Gustavo Petro rechazó las afirmaciones del presidente electo y recordó que, de acuerdo con la Constitución, continúa siendo el comandante supremo de las Fuerzas Militares hasta el final de su mandato, el próximo 6 de agosto.
El mandatario insistió en que la cadena de mando debe mantenerse dentro del marco constitucional y advirtió sobre los riesgos que implica hacer llamados que puedan interpretarse como una invitación a desconocer la autoridad legítimamente constituida mientras culmina el actual período presidencial.
El intercambio de declaraciones se suma a la creciente tensión política de los últimos días, marcada por acusaciones cruzadas sobre el proceso electoral y por un clima de incertidumbre que ha generado reacciones desde distintos sectores políticos y jurídicos.
Analistas han señalado que, en un Estado de derecho, tanto las autoridades civiles como los miembros de la Fuerza Pública están sometidos a la Constitución y a la ley. Asimismo, recuerdan que cualquier controversia sobre la legalidad de una orden debe tramitarse por los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico, preservando la institucionalidad y la estabilidad democrática.
Las declaraciones de ambos dirigentes han reavivado el debate sobre el alcance de la obediencia debida, la subordinación de la Fuerza Pública al poder civil y la importancia de mantener el respeto por las instituciones durante el período de transición presidencial.
