La amenaza de una nueva escalada en las tarifas de energía comienza a encender las alarmas en los hogares, comercios y empresas colombianas. Ante una sequía histórica asociada al fenómeno de El Niño, el país estudia un esquema de consumo que contempla incentivos al ahorro y ajustes para proteger las reservas de los embalses y garantizar la generación eléctrica durante los meses más críticos.
El eventual incremento, que podría llevar el costo de la factura hasta un 70% adicional para determinados consumos, ya genera preocupación entre los usuarios y abre un viejo debate: cómo evitar un apagón sin terminar provocando un “apagón” en el bolsillo.
Desde el sector eléctrico defienden las medidas como necesarias para reducir la presión sobre los embalses y fortalecer la generación térmica. Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen y del Consejo Gremial, respaldó la estrategia y advirtió que ahorrar energía ahora resulta fundamental para llegar con mayores reservas a la etapa más dura de la sequía.
“Ahorrar energía hoy, preservar los embalses y garantizar la generación térmica necesaria son decisiones fundamentales para llegar a los meses más fuertes de sequía con mayores respaldos y menor riesgo para el suministro”.
El problema es que cualquier aumento en la factura tiene un ingrediente adicional que no aparece en los medidores: el costo político.
Para las familias, especialmente aquellas con presupuestos ajustados, un incremento significativo en el servicio público significa menos dinero para alimentación, transporte y otros gastos básicos. Para los comerciantes y empresarios, representa además un aumento en los costos de operación que eventualmente podría trasladarse al precio de bienes y servicios.
La discusión, entonces, queda servida: ¿es preferible pagar más por la energía para evitar un apagón o pagar las consecuencias económicas de quedarse sin ella?
Mientras las autoridades buscan blindar el sistema eléctrico frente a la sequía, los usuarios podrían terminar haciendo cuentas con una calculadora en una mano y el recibo de la luz en la otra.
Porque en Colombia hasta ahorrar energía podría convertirse en una cuestión de supervivencia… y pagarla, en una cuestión de política.
