Demanda ante el Consejo de Estado busca apartar al congresista del Pacto Histórico e inhabilitarlo de manera permanente. La acción judicial se conoce tras las explosivas declaraciones de Eva Ferrer.
La tormenta política que desataron las declaraciones de la española Eva Ferrer amenaza con abrir un nuevo frente judicial para el Pacto Histórico. El congresista Agmeth Escaf enfrenta una demanda de pérdida de investidura radicada el 12 de octubre de 2026 ante el Consejo de Estado, en medio de la controversia que involucra a la ex primera dama Verónica Alcocer y al entorno del gobierno de Gustavo Petro.
La acción fue presentada por Juan Carlos Calderón España, presidente de la Veeduría Ciudadana Nacional, Control Social y Efectivo (VER-Control), quien solicitó que al parlamentario se le retire la investidura y se le inhabilite permanentemente para ejercer funciones parlamentarias.
La demanda quedó identificada con el radicado 11001032800020260035100. Su presentación se produce después de que Ferrer, antigua asesora y cercana a Alcocer, formulara graves señalamientos en una entrevista publicada por la revista Semana, cuyas repercusiones han sacudido el panorama político nacional.
Sin embargo, las declaraciones de Ferrer y la presentación de la demanda no significan que Escaf haya cometido una irregularidad ni que exista una decisión judicial en su contra. Corresponderá al Consejo de Estado examinar los argumentos jurídicos y determinar si existe fundamento para decretar la pérdida de investidura, una de las sanciones más severas contra un congresista.
El caso abre un nuevo capítulo en una controversia que amenaza con trasladar la disputa política a los tribunales. Ahora, más allá del ruido mediático y de las acusaciones cruzadas, la clave estará en las pruebas, los fundamentos de la demanda y las decisiones de la justicia.
En el Pacto Histórico, las polémicas ya no solo se debaten en las tribunas políticas: ahora también tocan las puertas de los estrados judiciales.
