La procuraduría comenzó a ejercer su control y vigilancia sobre la participación de funcionarios públicos en política.
La campaña presidencial entró en su recta final y la Procuraduría General de la Nación comenzó a mover el silbato disciplinario contra funcionarios que, al parecer, olvidaron que el Estado no es una tarima electoral. En medio de discursos encendidos, trinos apasionados y funcionarios convertidos en porristas políticos, el organismo de control ya empezó a imponer las primeras sanciones y suspensiones por presunta participación indebida en política.
El primer campanazo lo recibió Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, señalado por sus pronunciamientos públicos durante el ambiente electoral. A la lista también se sumó el embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, suspendido temporalmente por expresarse abiertamente a favor de Iván Cepeda, candidato del oficialismo.
La situación ocurre en medio de crecientes cuestionamientos sobre la participación de altos funcionarios del Gobierno en la campaña presidencial. Incluso sectores políticos y organismos de observación electoral han advertido que desde la Casa de Nariño varios funcionarios parecen más jefes de debate que servidores públicos.
En Colombia, la Constitución establece límites claros para los funcionarios públicos frente a las campañas electorales. Sin embargo, en tiempos de polarización, algunos parecen interpretar la ley como si fuera plastilina: la estiran, la doblan y la acomodan según la conveniencia política del momento.
La Procuraduría, que durante meses fue acusada de observar el panorama electoral con más calma que un turista en hamaca, ahora empieza a despertar. Y lo hace justo cuando la segunda vuelta presidencial se parece cada vez más a un ring de boxeo mezclado con gallera de pueblo: dos bandos lanzándose golpes verbales, acusaciones y arengas mientras el ciudadano común sigue esperando algo tan extraño como propuestas serias sobre empleo, seguridad, salud y economía.
El ambiente político se ha convertido en una competencia de aplausómetros, likes y ataques en redes sociales. Algunos funcionarios olvidaron que fueron nombrados para administrar el Estado y no para actuar como influenciadores de campaña. Otros parecen convencidos de que el cargo público incluye micrófono, tarima y permiso para hacer campaña disfrazada de opinión institucional.
Mientras tanto, la Procuraduría comienza a repartir sanciones como árbitro que deja jugar fuerte durante casi todo el partido y solo saca tarjetas cuando el estadio ya está incendiado. La pregunta que queda en el aire es si estas decisiones realmente frenarán la participación política de funcionarios o si apenas son el primer capítulo de una tormenta disciplinaria que podría crecer a medida que se acerca la elección definitiva.
