El polémico arriendo del ICBF en Sevilla, Valle, bajo la lupa: millones de pesos comprometidos en una sede que nunca entró en funcionamiento.
Un contrato de arrendamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Sevilla, Valle del Cauca, desató cuestionamientos por el costo del inmueble y la falta de funcionamiento de la sede. El contrato, suscrito en diciembre de 2025 durante el gobierno de Gustavo Petro, contemplaba un valor inicial de $409,3 millones por siete meses, equivalente a un canon mensual de $57,9 millones.
La propiedad, de aproximadamente 400 metros cuadrados, estaba destinada al traslado del Centro Zonal del ICBF, pero el cambio de sede nunca se concretó. A pesar de ello, según la información conocida, el contrato fue prorrogado el 1 de agosto de 2026, con una adición de $173,8 millones, para extenderlo hasta el 31 de octubre.
La decisión genera interrogantes sobre la planeación contractual, la supervisión y el uso eficiente de los recursos públicos. La prórroga se produjo seis días antes de finalizar el mandato de Gustavo Petro, circunstancia que aumenta las dudas sobre la justificación de mantener el arrendamiento de un inmueble que no estaba prestando el servicio previsto.
La pregunta es inevitable: ¿quién responde por la plata comprometida en una sede que no funcionaba? En un país donde las necesidades de atención a la niñez son enormes, cada peso público debe tener una justificación clara. Las autoridades competentes deberán establecer si hubo irregularidades y quiénes son responsables, si las hubiera.
