La política de “Paz Total” empieza a recibir una nueva dosis de realidad judicial. La Fiscalía General de la Nación dejó sin efecto la suspensión de varias órdenes de captura que permanecían inactivas durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro y que ahora vuelven a tener plena vigencia.

La decisión fue formalizada mediante una resolución firmada por la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, con la que se levanta la suspensión de órdenes de captura contra varios cabecillas e integrantes de grupos armados ilegales que operan en diferentes regiones del país.

Entre los nombres que vuelven a quedar en el radar de las autoridades aparece alias Calarcá, uno de los principales líderes de las disidencias de las FARC.

La determinación representa un giro frente al tratamiento que tuvieron estas órdenes durante la política de negociación y sometimiento impulsada por el anterior Gobierno. Mientras avanzaban los acercamientos con diferentes estructuras armadas, varias órdenes de captura permanecieron suspendidas como parte de las condiciones para facilitar los diálogos.

Ahora el escenario cambia: las órdenes vuelven a estar activas y los organismos de seguridad recuperan la posibilidad de hacerlas efectivas, siempre dentro de los procedimientos y condiciones establecidos por la ley.

La decisión también abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la llamada Paz Total: ¿se trató de una oportunidad para buscar una salida negociada al conflicto o terminó otorgando demasiado oxígeno a quienes continuaron delinquiendo?

Por lo pronto, la Fiscalía parece haber decidido que algunas órdenes que estaban “en pausa” ya no tienen permiso para seguir durmiendo.

La paz se puede negociar, pero las órdenes de captura, al parecer, ya no quieren seguir haciendo fila.