INFORME ESPECIAL | 15 DE NOVIEMBRE DE 2026
El presidente Abelardo de la Espriella llegó a la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2026 con un discurso de autoridad, seguridad, austeridad y transformación institucional. Sin embargo, el destino le cambió la agenda apenas tres días después: el terremoto del 10 de agosto, que golpeó especialmente al occidente colombiano, obligó al nuevo Gobierno a concentrar buena parte de sus esfuerzos en una emergencia nacional.
Cien días después, la denominada Patria Milagro presenta un balance de contrastes. Hay decisiones contundentes en materia de seguridad, una respuesta institucional de gran magnitud frente al desastre natural y una nueva orientación económica y política. Pero también aparecen dificultades fiscales, tensiones con el Congreso, cuestionamientos sobre los resultados contra el narcotráfico y una opinión pública que todavía no termina de entregarle un respaldo mayoritario al mandatario.
La pregunta es inevitable: ¿está comenzando la transformación prometida o el Gobierno está descubriendo que administrar un país es bastante más complejo que ganar una campaña presidencial?
- LAS FINANZAS PÚBLICAS: EL MILAGRO QUE TODAVÍA NO CUADRA
Uno de los mayores desafíos que encontró Abelardo de la Espriella fue la situación de las finanzas nacionales. El Gobierno ha insistido en que recibió unas cuentas fiscales comprometidas, con obligaciones pendientes, elevados compromisos de deuda y limitaciones para financiar los programas sociales y la inversión pública.
El Ministerio de Hacienda presentó el denominado Presupuesto de la Verdad para 2027, inicialmente aforado en $635 billones y finalmente establecido en $634,9 billones.
Entre las obligaciones incorporadas aparecen $37,4 billones adicionales para el servicio de la deuda, $6,5 billones para pensiones, $2 billones para salud, $4,5 billones para salarios públicos y $9,6 billones para el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.
El Gobierno anunció un esfuerzo de austeridad de $17,5 billones y una meta de reducción del déficit fiscal. Sin embargo, el panorama sigue siendo complejo.
El presupuesto terminó expedido mediante decreto presidencial, luego de que Senado y Cámara aprobaran textos diferentes y no lograran conciliarlos dentro del plazo legal.
La distribución definitiva dejó $391,38 billones para funcionamiento, $155,43 billones para el servicio de la deuda y $88,14 billones para inversión.
Este último dato merece especial atención: mientras el país necesita recursos para reconstruir infraestructura, reactivar la economía y atender las necesidades sociales, el servicio de la deuda absorbe una proporción considerable del presupuesto.
La otra controversia está en la Ley de Rescate Económico. El Gobierno, que durante la campaña defendió la reducción de impuestos, terminó planteando medidas tributarias para conseguir recursos y atender el desequilibrio fiscal.
Aquí aparece una de las primeras contradicciones políticas de la administración: gobernar exige tomar decisiones que no siempre coinciden con las promesas electorales.
La ciudadanía tendrá que evaluar si el ajuste se traduce en una reducción efectiva del gasto improductivo o si termina trasladando nuevos costos a los hogares y las empresas.
- SEGURIDAD Y NARCOTRÁFICO: EL TIGRE SALE A LA CANCHA
La seguridad es uno de los asuntos que más protagonismo ha tenido durante estos primeros cien días.
De la Espriella ha convertido la lucha contra las organizaciones criminales en una de las principales banderas de su administración. Ha acompañado operativos, anunciado capturas, respaldado acciones de la Fuerza Pública y presentado una política de confrontación directa contra los grupos armados ilegales.
Entre las decisiones legislativas se destaca la Ley 2640 del 4 de noviembre de 2026, relacionada con el sometimiento a la justicia, que modifica las condiciones para que las estructuras criminales puedan acceder a beneficios jurídicos.
También se han desarrollado operaciones contra organizaciones armadas y estructuras vinculadas al narcotráfico, con cooperación internacional y un mayor protagonismo de las Fuerzas Militares y la Policía.
Sin embargo, una cosa son los operativos y otra muy distinta es demostrar que las organizaciones criminales están perdiendo capacidad económica, territorial y operativa.
El informe de los primeros cien días de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) presenta cifras que invitan a revisar los resultados con mayor detenimiento.
Entre agosto y septiembre de 2026 se registraron 33.488 capturas, según información del SIEDCO de la Policía Nacional. No obstante, las cifras mensuales estuvieron por debajo del promedio de enero a julio del mismo año.
En materia de narcotráfico, el informe también encontró reducciones en las incautaciones de cocaína, base de coca y marihuana frente al promedio de los primeros siete meses del año: 16,4 % en agosto y 54,5 % en septiembre.
Adicionalmente, durante esos dos meses se registraron 695 casos de destrucción de infraestructura relacionada con el narcotráfico, una reducción del 15,8 % frente al mismo periodo de 2022.
Esto no significa que los operativos carezcan de importancia. Significa que sus resultados deben medirse más allá de las imágenes de capturas y los anuncios presidenciales.
La verdadera prueba será establecer si disminuyen las exportaciones de cocaína, se debilitan las finanzas criminales, se recuperan los territorios y mejora la tranquilidad de las comunidades.
Porque capturar integrantes de una organización es importante, pero desmantelar el negocio que los sostiene es el verdadero desafío.
- EL TERREMOTO DEL 10 DE AGOSTO: LA EMERGENCIA QUE CAMBIÓ LOS PLANES
Apenas tres días después de la posesión presidencial, Colombia enfrentó una de las mayores emergencias naturales de su historia reciente.
El terremoto del 10 de agosto de 2026, de magnitud 7,4 y con epicentro en San José del Palmar, Chocó, afectó viviendas, hospitales, establecimientos educativos, carreteras, infraestructura pública y servicios esenciales.
El Gobierno declaró la situación de desastre nacional y posteriormente estableció el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica para atender las consecuencias de la tragedia.
Las cifras oficiales del consolidado de octubre dimensionan la magnitud del desastre:
778.281 personas afectadas.
255.079 viviendas afectadas, de las cuales 51.778 fueron destruidas.
5.309 sedes educativas afectadas.
358 personas fallecidas.
98 personas desaparecidas.
4.238 personas heridas.
$44,65 billones en daños y pérdidas.
El Valle del Cauca aparece entre los territorios más afectados, con 292.782 personas registradas como damnificadas.
La respuesta institucional incluyó la movilización de 6.429 toneladas de asistencia humanitaria, la habilitación de 267 alojamientos temporales y la atención de 7.668 familias en estos espacios.
El Gobierno también diseñó un Plan de Acción Específico para la Recuperación, con programas estimados preliminarmente en $58,29 billones para el periodo 2026-2030.
El Fondo Milagro: entre la reconstrucción y la vigilancia
Una de las principales apuestas del Ejecutivo fue la creación del Fondo Milagro, destinado a canalizar recursos para la atención de las víctimas y la reconstrucción de las regiones afectadas.
La emergencia permitió adoptar medidas extraordinarias en materia presupuestal, financiera, contractual y tributaria.
Sin embargo, la magnitud de los recursos exige controles igualmente extraordinarios.
La contratación directa, la selección de proyectos, la distribución de subsidios y la ejecución de las inversiones deben estar sometidas a vigilancia de los organismos de control y de la ciudadanía.
El informe de Pares advierte que todavía existen interrogantes sobre el funcionamiento, la administración y la transparencia del Fondo Milagro.
La reconstrucción no puede convertirse en un escenario de improvisación ni en una oportunidad para favorecer intereses particulares.
Para las familias que perdieron sus viviendas, los empresarios que vieron destruidos sus negocios y las comunidades que todavía enfrentan dificultades de conectividad y servicios públicos, el milagro no está en los anuncios presidenciales: está en recibir soluciones concretas.
La emergencia no termina cuando se retiran los escombros. Termina cuando las familias recuperan sus hogares, sus empleos y sus condiciones de vida.
- EL CONGRESO: UNA MAYORÍA QUE NO SIEMPRE CAMINA EN LA MISMA DIRECCIÓN
Otro de los desafíos de la administración es su relación con el Congreso de la República.
Aunque el Gobierno logró construir una coalición que, según el análisis de Pares, supera el 60 % de las curules en ambas cámaras, esto no garantiza que todas las bancadas respalden automáticamente las iniciativas presidenciales.
Las diferencias políticas comenzaron a hacerse visibles desde la elección de las mesas directivas del Legislativo.
Las disputas por los espacios de poder, los intereses partidistas y las diferencias sobre la distribución burocrática han generado dificultades para consolidar una coalición verdaderamente cohesionada.
El episodio más significativo ha sido el presupuesto de 2027.
Aunque el Congreso discutió y aprobó el monto presupuestal, las diferencias entre los textos de Senado y Cámara impidieron su conciliación. Finalmente, el Ejecutivo expidió el presupuesto mediante decreto.
El Gobierno también enfrenta el trámite de la Ley de Rescate Económico, una iniciativa que requiere acuerdos políticos para garantizar su aprobación.
El problema es que una cosa es tener mayorías sobre el papel y otra conseguir votos cuando las decisiones afectan intereses económicos, regionales y electorales.
El presidente necesita entender que el Congreso no es una oficina de trámites de la Casa de Nariño. Es una institución independiente donde los acuerdos deben construirse y las diferencias deben resolverse mediante argumentos y negociación.
La gobernabilidad será fundamental para sacar adelante las reformas de seguridad, justicia, salud y recuperación económica.
- LA OPINIÓN DE LOS COLOMBIANOS: LA POPULARIDAD NO SE DECRETA
¿Y qué piensan los colombianos de la denominada Patria Milagro?
Una medición de la firma Cifras y Conceptos, conocida a través de su estudio Polimétrica, ofrece algunas señales sobre la percepción ciudadana.
El estudio incluyó 2.628 entrevistas presenciales en 52 municipios, realizadas entre el 30 de octubre y el 10 de noviembre de 2026.
Según los resultados divulgados por El Colombiano, la favorabilidad presidencial se encontraría por debajo del 50 % y ninguna de las 16 acciones del Gobierno evaluadas superaría ese nivel de aprobación.
La medición identifica la seguridad como uno de los aspectos mejor valorados de la administración, especialmente las actuaciones frente a las organizaciones criminales y la delincuencia.
También registra reconocimiento a las visitas presidenciales a las regiones y a las medidas de control en el sistema penitenciario.
Pero no todas las noticias son favorables para la Casa de Nariño.
Entre los asuntos que generan mayores cuestionamientos aparecen las relaciones internacionales, la administración de justicia, la lucha contra la corrupción, el ajuste fiscal y algunas decisiones tributarias.
El terremoto también muestra dos dimensiones de la percepción ciudadana: la respuesta inicial a la emergencia obtiene mejores valoraciones que el proceso de reconstrucción, que sigue generando inconformidades, especialmente en Cali y Pereira.
Un dato adicional merece atención: la encuesta encontró dificultades del Gobierno para ampliar su audiencia y comunicar sus actuaciones más allá de sus simpatizantes.
Esto plantea un reto para el presidente: no basta con tener presencia permanente en redes sociales, protagonizar operativos o realizar anuncios. La ciudadanía necesita conocer los resultados, verificar las cifras y sentir que las decisiones del Gobierno mejoran su vida cotidiana.
La popularidad no se decreta desde Palacio. Se construye con resultados.
- LOS PENDIENTES: LA SEGURIDAD NO ES EL ÚNICO PROBLEMA DEL PAÍS
El balance de estos primeros cien días también debe incorporar asuntos que no pueden quedar relegados por la agenda de seguridad.
La salud continúa siendo uno de los sectores más sensibles. El Gobierno anunció un plan de choque de $10 billones para estabilizar el sistema en los primeros 90 días. Sin embargo, el informe de Pares señala que al cumplirse ese plazo se habían destinado aproximadamente $500.000 millones, mientras persistían dificultades de financiación.
La educación también enfrenta el desafío de recuperar miles de establecimientos afectados por el terremoto y garantizar la continuidad de las clases.
En materia de empleo y reactivación económica, el Gobierno deberá demostrar que sus medidas de austeridad no terminan sacrificando la inversión productiva.
A esto se suman la recuperación de la infraestructura, la confianza empresarial, la situación energética y la necesidad de garantizar recursos para los departamentos y municipios.
El Valle del Cauca tiene razones particulares para seguir de cerca esta administración: la reconstrucción de las zonas afectadas, la recuperación de la infraestructura vial, la conectividad Cali-Buenaventura y la reactivación de las actividades económicas serán determinantes para su futuro.
- EL VEREDICTO DE LOS PRIMEROS CIEN DÍAS: LOS ANUNCIOS YA NO SON SUFICIENTES
Los primeros cien días del Gobierno de Abelardo de la Espriella muestran una administración que ha querido marcar diferencias con su antecesora mediante una política de seguridad más confrontacional, una nueva orientación económica, mayor protagonismo presidencial y una estrategia de comunicación directa.
Sin embargo, los desafíos son considerables.
En seguridad, deberá demostrar que las operaciones se traducen en una reducción sostenida de la capacidad de las organizaciones criminales.
En economía, tendrá que equilibrar las obligaciones fiscales, la deuda pública, la inversión y la recuperación del crecimiento.
En la emergencia, deberá garantizar que los recursos del Fondo Milagro lleguen efectivamente a las familias damnificadas.
En el Congreso, necesitará transformar su coalición en una mayoría capaz de construir acuerdos y aprobar reformas.
Y en la opinión pública, tendrá que recuperar la confianza de quienes todavía esperan resultados concretos.
La Patria Milagro tiene cuatro años para demostrar que sus promesas pueden convertirse en políticas públicas sostenibles. Los primeros cien días han servido para identificar el estilo del mandatario, sus prioridades y los obstáculos que tendrá que superar.
Porque gobernar no es solamente capturar delincuentes, anunciar inversiones, firmar decretos o confrontar adversarios. Gobernar es lograr que el ciudadano viva mejor, que las instituciones funcionen y que el Estado responda cuando más se necesita.
Colombia no necesita milagros de propaganda. Necesita resultados verificables, transparencia, seguridad, oportunidades y soluciones.
La cuenta regresiva ya comenzó. Los primeros cien días fueron de presentación; los próximos tendrán que ser de resultados.




